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Clínicas advierten sobre riesgo para el sector ante situación de stress financiero de isapres

Gerente general de Clínicas de Chile señala que acabar con el sistema privado "es avanzar a un monopsonio", en referencia a las últimas acciones de la autoridad respecto a las isapres y la falta de una reforma que mejore el esquema y elimine la judicialización.

Fuente: PulsoPublicado el 12 de septiembre de 2016.

Cuando el grueso de los ingresos de las clínicas proviene de los pagos por prestaciones que hacen las isapres, importa -y harto- lo que ocurra con sus conflictos de solvencia y la resolución del SII de considerar objeto de tributo las costas de los procesos judiciales.

Ana María Albornoz, gerente general de Clínicas de Chile, detalla que actualmente las isapres pagan el 70% de las prestaciones de las clínicas, mientras que el 27% proviene de prestaciones a afiliados Fonasa, que por libre elección optan por el sistema privado. "El problema que enfrentan los aseguradores de salud a nosotros nos afecta, pues un daño a esta implicaría que la oferta disponible privada se puede restringir al no tener un sistema de financiamiento adecuado para mantener las inversiones para mantener la calidad de los instrumentos y para hacer nuevas inversiones. Y eso significaría que las personas no encontrarían la oferta que hay ahora y el aparato estatal tendría una mayor demanda que no tiene capacidad de atender hoy", dice.

Las clínicas atienden a ocho millones de personas, de los cuales cinco millones son afiliados a Fonasa. "La ministra de Salud dice que el 80% de las personas se atiende en el sector público y a mí me gustaría dejar en claro que el 80% está afiliado al seguro público, pero se atiende en el sector privado. Los privados atienden el 48% de las prestaciones del país, de mediana y alta complejidad, y por lo tanto, los privados son muy importantes para resolver los problemas de salud en Chile", dice.

En tal escenario, "uno esperaría que las autoridades y todos los que están en esto, piensen en permitir a la gente acceder a un sistema de seguro que les permita seguir atendiéndose, que permita acceder a otros y ser complementarios con el aparato público (...) acá está en juego la salud de millones de personas, por lo tanto acá si no resolvemos, podrá ser un problema importante para las empresas pero será un mayor problema para los pacientes", advierte.

Solución al conflicto

Ana María Albornoz concuerda con el presidente de la asociación de Isapres, Rafael Caviedes, quien en entrevista con PULSO, acusó la presión de "un sector importante en el Gobierno que aspira para Chile un sistema único de salud, público y estatal". "Yo participé en la mesa para una futura reforma al sector de salud privado (isapres) y me retiré porque no podía firmar un documento donde la orientación era transitar hacia un seguro único nacional para todos los chilenos, ya que eso sería un Fonasa para todos". Sobre esta reforma todavía no hay luces y la industria ha acusado al Gobierno de no tener liderazgo suficiente para realizar los cambios necesarios para que el sector pueda elevar tarifas y acabar con las judicializaciones. Albornoz recuerda que "actualmente Fonasa -por restricciones presupuestarias-, lo que hace con sus pacientes es darles un apoyo que no les permite acceder a las prestaciones y a la atención oportuna que sí le posibilite el aseguramiento privado. Por ello, "la creación de "un Fonasa único comprando a valores fijados es un monopsonio, un sistema de mercado en el que hay un único comprador o demandante", añade, lo que se agrava si se considera que hoy el esquema público fija en $5.000 el día de cama para la clínicas. "Eso sería bajar la calidad a niveles mínimos, es decir, un sistema único es nivelar hacia abajo", indica.

Por último, la ejecutiva llama a las autoridades a "hacerse cargo de la incertidumbre para que exista un sistema de aseguramiento mixto que los chilenos valoren". Asimismo, pide a Fonasa calcular sus costos reales en prestaciones y que recurra al sector privado para responder eficientemente a las demandas que tiene. "El sector público tiene 1,5 millones de personas esperando a especialistas y 200 mil esperando cirugía y esperaríamos que se apoyara más en nosotros, que hemos mostrado ser eficientes", concluye.

Fuente: Pulso

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